La llamada Ley de Preventas Inmobiliarias, impulsada por el PAN para regular la venta y preventa de viviendas en Nuevo León, quedó prácticamente congelada en el Congreso local.
A pesar de los fraudes, los vacíos legales y las denuncias de compradores afectados, el proceso legislativo se detuvo ante la presión de las cámaras empresariales del sector, que se oponen a los candados económicos y administrativos propuestos en el dictamen.
El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, promotor de la iniciativa, reconoció que el proyecto no ha podido avanzar porque aún se mantienen mesas de diálogo con los organismos del ramo, y que incluso el contenido original podría modificarse para alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, fuentes legislativas admiten que la bancada panista y otras fracciones buscan “doblar las manos” en algunos puntos de la propuesta, particularmente en la obligación de que los desarrolladores depositen en fideicomiso el 75% del valor del proyecto antes de ofrecer propiedades en preventa.