La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) a reconsiderar el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026, al estimar que no se tomaron en cuenta contextos sociales y laborales de las personas que ejercen los cuidados de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho de la niñez a ser debidamente educada y cuidada.
En un pronunciamiento público, el organismo a cargo de Rosario Piedra, llamó a tomar en cuenta como eje central el interés superior de la niñez y no sólo atender la coyuntura.
“Que lleven a cabo una revisión de dicha determinación, no sólo atendiendo la coyuntura de un evento público y eventos climáticos, sino tomando como eje central el interés superior de niñas, niños y adolescentes consagrado en el artículo 3 constitucional, así como el contexto laboral por el que atraviesan la mayoría de las personas que ejercen el cuidado de niñas, niños y adolescentes”, solicitó.
La comisión recordó que es obligación de todas las autoridades garantizar un enfoque integral, transversal, con perspectiva de género y de derechos humanos en el diseño e instrumentación de políticas y programas de gobierno.
Entre las modificaciones aprobadas el pasado 7 de mayo por las autoridades educativas del país está la conclusión del Ciclo Escolar 2025-2026 el 5 de junio y, dos semanas antes del inicio del próximo curso, realizar un programa de actualización.
El organismo público advirtió que “dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras, provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar. Esta situación contradice el principio del interés superior de la niñez, pues coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral”.
La CNDH expuso que la ausencia de acompañamiento los hace propensos a presentar afectaciones en sus dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales.
Expone que las medidas no ofrecen una solución duradera, eficiente ni eficaz; por el contrario, trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de los menores y quienes son responsables de ellos.
MAAZ