El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, vivió la semana más complicada para un titular de esa dependencia desde que Leticia Ramírez Amaya, hoy secretaria de Bienestar, tuvo cuando respondió -o más bien, dijo que no podía responder- al cuestionamiento de cómo un menor en segundo de primaria aprendería matemáticas con el nuevo modelo educativo.
Primero porque el 7 de mayo, anunció que, de forma unánime, las autoridades educativas decidieron que el calendario escolar se modificaría para culminar el 5 de junio; un mes antes de lo previsto.
Lo que no esperaba, era la reacción de padres y madres de familia.
¡Y cómo no! Si son ellos los que sí trabajan; más aún en el caso particular de las mujeres.
Cifras del INEGI revelan que el 87% de las mujeres de 15 a 60 años con hijos menores de edad, son las principales responsables de su cuidado.
Pero además de los cuidados, está la labor de mantenerlos: de las madres ocupadas en el mercado laboral, el 64% son trabajadoras subordinadas; el 27% trabajan por cuenta propia; y apenas el 3.5% son empleadoras.
Por si fuera poco, el 44% trabaja entre 35 y 48 horas.
Las escuelas funcionan como esos espacios seguros en los que los hijos de esas madres se encuentran mientras estos porcentajes se acumulan.
Esa voz, que no tomaron en cuenta las autoridades educativas, hizo recular a la secretaría y la decisión fue que el calendario no se modificaría, hiciera el calor que hiciera -como cada año- o se jugara o no el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, los oídos sordos a las voces fuera de Palacio Nacional son una constante desde hace ya, por lo menos, siete años.
Voces de: niños con cáncer; familiares de personas desaparecidas; el poder judicial; ambientalistas; organismos autónomos; la democracia; y el propio periodismo.
Quizá la voz que mayor eco ha hecho en los últimos años es la de los sinaloenses: desde enero del 2025, al grito de “¡fuera Rocha!”, pedían la renuncia del gobernador por el asesinato de los menores Gael y Alexander, víctimas de un ataque armado derivado también de la violencia incontrolable que se desató en el estado tras la captura del “Mayo” Zambada y la fractura de la Mayiza con Los Chapitos.
Hoy, 16 meses después de esas protestas, Rocha Moya solicitó licencia como gobernador tras ser acusado por narcotráfico por los Estados Unidos.
Dos semanas después de esa acusación, en México no hay certeza de nada respecto a su situación; se presume que sigue en Sinaloa.
Eso sí, las voces que sí son escuchadas son aquellas que llaman a una protesta estatal en Chihuahua para que la gobernadora, de oposición, que no acusada de narcotráfico, rinda cuentas a la ciudadanía.
Es decir: más vale reaccionar a la presión mediática que a la presión social. Porque depende la voz, si se diluirá o no en calendarios de humo.
Daniel Jacobo Ortega, periodista de TV Azteca
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