Durante años, buena parte de la ciudadanía percibió al Poder Judicial como una élite distante, desconectada de la realidad social y protegida por una lógica interna que muchas veces parecía responder más a sus propios intereses que al acceso real a la justicia.
La reforma judicial apareció entonces como una ruptura histórica. La promesa era clara: acercar la justicia al pueblo mediante voto popular y una nueva legitimidad democrática. Pero conforme avanza el periodo de transición, comienzan a aparecer tensiones que obligan al propio modelo a corregirse. Y quizá eso no representa necesariamente una debilidad política.
Las recientes discusiones sobre ajustes rumbo a 2028 —fortalecimiento de filtros técnicos y mecanismos de blindaje contra intervención partidista— revelan algo importante: incluso quienes impulsaron originalmente la reforma han comenzado a reconocer que transformar una institución no consiste únicamente en modificar normas.
Porque junto al problema de legitimidad del viejo Poder Judicial comienza a aparecer otro miedo: que un sistema construido alrededor de mecanismos electorales termine demasiado expuesto a dinámicas partidistas y operadores políticos.
Mientras la reforma busca acercar la justicia a la ciudadanía, simultáneamente comienza a construir filtros para proteger a esa misma justicia de los efectos políticos que esos mecanismos pueden producir.
Lejos de debilitar la reforma, quizá estas correcciones revelan algo que durante años pareció perderse dentro de la política mexicana: la capacidad de reconocer errores sin que eso implique necesariamente el fracaso completo del proyecto.
Porque durante el sexenio anterior gran parte de la narrativa pública descansaba en una especie de falso positivismo institucional: incluso frente a errores evidentes o tensiones internas, el discurso oficial insistía constantemente en que todo marchaba bien. Corregir podía interpretarse como debilidad.
Y quizás también estamos equivocándonos en la forma de criticar esta transición. Hemos confundido muchas veces el análisis técnico de la reforma judicial con nuestra simpatía o rechazo hacia el proyecto político que la impulsa.
La polarización ha terminado empujándonos constantemente a una lógica de todo o nada. O estás completamente a favor o completamente en contra.
En los últimos años hemos visto cómo incluso posiciones intermedias dentro del Congreso terminan siendo castigadas públicamente. Bastaba coincidir parcialmente con el oficialismo para que automáticamente aparecieran acusaciones de traición o complicidad política.
Y quizá ahí está otro de los problemas de fondo: hemos perdido la capacidad de construir desde los matices.
Durante años México ha criticado el acceso a la justicia y buscó como complice y responsable a sus jueces, pero un juez excesivamente expuesto a la lógica política también puede terminar debilitando precisamente aquello que debería proteger: su autonomía frente al poder.
Quizá el verdadero riesgo del falso positivismo institucional nunca fue solamente negar errores. También fue hacernos creer que reconocer tensiones, corregir fallas o abrir discusiones debilitaba automáticamente cualquier proyecto político.
Y tal vez justamente ahí comienza una transición más madura: cuando corregir deja de verse como fracaso y empieza a entenderse como parte natural de construir instituciones más legítimas.