Hace unos días, México volvió a mirar con indignación una realidad que lleva años desarrollándose lejos de los reflectores. Jóvenes rarámuris reclutados para trabajar en condiciones inhumanas en regiones dominadas por el crimen organizado. Adolescentes e incluso menores de edad alejados de sus comunidades, atrapados en dinámicas de explotación, violencia y pobreza de las que resulta casi imposible escapar.
La noticia provocó sorpresa.
No debería.
Porque estas historias no comienzan cuando un joven llega a un campamento clandestino, a una zona de cultivo ilegal o a una red de explotación criminal. Comienzan muchos años antes, cuando una niña o un niño crece sin acceso efectivo a educación, salud, alimentación, protección y oportunidades para construir un proyecto de vida distinto.
Datos de UNICEF indican que más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes viven actualmente en México. Son casi una cuarta parte de la población nacional. Sin embargo, rara vez ocupan el centro de las decisiones públicas.
La infancia suele aparecer en los discursos. Mucho menos en las prioridades.
Y las consecuencias terminan alcanzándonos a todos.
Cuando un niño abandona la escuela porque necesita trabajar. Cuando una adolescente deja de estudiar por falta de recursos. Cuando una comunidad indígena permanece aislada durante generaciones. Cuando la pobreza se convierte en destino y no en circunstancia, lo que estamos observando no es un fracaso individual. Es un fracaso colectivo.
Por eso resulta simplista analizar el reclutamiento de jóvenes indígenas únicamente desde la óptica de la seguridad pública.
El problema comenzó mucho antes de que aparecieran los grupos criminales.
Comenzó cuando miles de niños crecieron sin las mismas oportunidades que otros mexicanos. Cuando las brechas educativas se volvieron normales. Cuando la desigualdad dejó de escandalizarnos.
Los resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE muestran que millones de estudiantes mexicanos enfrentan rezagos importantes en aprendizajes fundamentales. Pero detrás de cada indicador existe una historia humana. Existe un niño que quizá no terminó la escuela. Existe una familia que tuvo que elegir entre comer o estudiar. Existe una comunidad entera que quedó fuera del desarrollo.
Y cuando eso ocurre, alguien más ocupa el vacío.
A veces es la delincuencia organizada. A veces la explotación laboral. A veces la migración forzada. A veces la desesperanza.
Por eso la discusión sobre la infancia no es un tema menor ni una cuestión exclusivamente educativa. Es una discusión sobre el futuro del país.
Cada niño que pierde oportunidades representa un proyecto de vida truncado. Cada adolescente que abandona las aulas es una derrota que tarde o temprano tendrá consecuencias sociales. Cada joven que termina atrapado en redes de violencia nos recuerda que las crisis no aparecen de la noche a la mañana: se construyen lentamente, durante años de abandono e indiferencia.
Quizá la pregunta más importante no sea cómo combatir a los grupos criminales que reclutan jóvenes.
Quizá la pregunta sea por qué esos jóvenes nunca encontraron una alternativa mejor.
Porque la verdadera tragedia no comienza cuando un adolescente es explotado por el crimen organizado.
La verdadera tragedia comenzó mucho antes, cuando era un niño y nadie hizo lo suficiente para evitarlo.
Recomiendo ampliamente el trabajo de las colegas Marcela Turati y Thelma Gómez: ¿A dónde van los desaparecidos?