El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAAM) dictó una inhabilitación por 20 años contra el diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, tras acreditarse faltas administrativas cometidas durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh).
La resolución, emitida este martes, establece que el legislador morenista no podrá ejercer ningún cargo, comisión o empleo en el servicio público hasta el año 2046.
Asimismo, se le impuso una sanción económica resarcitoria por un monto de 5.6 millones de pesos, destinada a reparar el daño patrimonial causado a las finanzas estatales.
De acuerdo con el expediente del TJAAM, las irregularidades fueron detectadas cuando Barragán fue secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
¿Qué irregularidades cometió el diputado de Morena?
Las irregularidades, se cometieron al autorizar la entrega del recurso del Programa Beca Futuro 2018, por un monto total de $5,636,600.00 (cinco millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100M.N.), a 2 mil 24 personas que no fueron autorizadas por el Comité Técnico del Programa, de los cuales tampoco existe certeza de que se haya realizado su reintegro.
De acuerdo al expediente, dicho recurso, fue entregado mediante presuntas asociaciones civiles, las cuales no están legalmente constituidas.
En el mismo expediente con numeración PRA-0011/2025-I, también se fincan responsabilidades y sanciones a María Teresa Madrigal Alanís, en su cargo de directora de Desarrollo de la Economía Social y a Gerardo García Ambriz, quien fungió como delegado administrativo, ambos, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la administración silvanista.
El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, dijo que esa sentencia no es firme, ni definitiva, por lo que la combatirá por las vías legales correspondientes.
“Y resulta también importante señalar, que este asunto ya había sido atendido y resuelto con anterioridad; sin embargo, de manera inexplicable, fue reactivado. Hoy observamos, cómo se intenta construir una narrativa política a través de una resolución de primera instancia que puede ser revisada y revocada por los propios tribunales”.
Comentó que dicha resolución, sostiene entre otros argumentos, que determinadas asociaciones civiles -a través de las que se otorgaron los recursos– no se encontraban legalmente constituidas.
Explicó, que es un hecho público y documentado, que desde el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, dichas agrupaciones recibían recursos y becas por parte de programas institucionales.
Por ello, insistió, que resulta contradictorio, que hoy se utilice ese argumento, para fincarle responsabilidades, aunado a que, consideró, existen elementos que ponen en duda la imparcialidad con la que se condujo este procedimiento legal en su contra.
“La resolución (fue) emitida por la magistrada Swany Peña Reyes, esposa del diputado de Morena, Juan Pablo Celis, legislador con el que hemos sostenido diferencias políticas. Lo digo con firmeza: esta resolución no me va a detener. Vamos a defender mi nombre, mi honor y mi trayectoria, en todas las instancias necesarias”, sentenció.