La iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el pasado 14 de mayo, por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen en Estados Unidos, confirma la dimensión transnacional del problema y refuerza la urgencia de colocar el robo de combustibles en el centro del debate público y legislativo, señaló el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Asimismo, destacó que se trata de una actividad que debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado.
Dicha iniciativa, dijo no sustituye el diagnóstico nacional, sino que lo robustece al reconocer que el contrabando de hidrocarburos ya es una amenaza regional que exige respuestas coordinadas, técnicas y firmes.
Puntualizó que Pemex estima que en 2024 fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019.
Por lo que, añadió ese dato confirma la magnitud de una economía ilícita que ya no puede ser tratada como un problema marginal.
Ramírez Cuéllar señaló que el daño fiscal es igualmente grave, pues el propio documento legislativo advierte pérdidas por miles de millones de dólares para el Gobierno de México y una afectación diaria cercana a 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales.
¿Qué medidas fueron planteadas en la iniciativa estadounidense?
A ello, agregó se suma que entre 16% y 27% del consumo anual de combustibles en México provendría de fuentes ilegales, lo que revela una penetración preocupante del mercado ilícito en la cadena energética nacional.
Entre las medidas planteadas en la iniciativa estadounidense, comentó figuran el fortalecimiento de capacidades de las fuerzas de seguridad de países aliados, el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses dedicadas al combate al crimen organizado, la identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes y otras acciones no cinéticas, es decir, sin uso directo de la fuerza militar.
En ese mismo sentido, manifestó que México ya desarrolla acciones propias que van en línea con esas recomendaciones, orientadas al fortalecimiento de las aduanas, el combate a la corrupción, la inteligencia financiera, el uso de marcadores químicos y el refuerzo de la trazabilidad del combustible, con el propósito de desarticular desde el origen las redes de robo y contrabando de hidrocarburos.
El legislador destacó que esta realidad exige una respuesta profunda y estructural, por lo que sostuvo que Ejecutivo y Legislativo deben abrir una amplia consulta para adecuar las disposiciones legales, las disposiciones administrativas y las sanciones penales en el país. Subrayó que se encuentra analizando propuestas en materia de aduanas, combate a la corrupción, uso de marcadores químicos y fortalecimiento de la trazabilidad del combustible, como parte de una estrategia de soberanía y seguridad energética nacional.
Señaló que el objetivo es cerrar el paso al robo, desvío y lavado de recursos desde el origen hasta la distribución final, reforzando la capacidad del Estado para vigilar ductos, aduanas, transporte y puntos de venta, así como para desmantelar las redes de complicidad institucional y empresarial que han permitido el crecimiento del huachicol.
En ese sentido, afirmó que enfrentar este problema no sólo es una tarea de seguridad y recaudación, sino una condición indispensable para proteger a PEMEX, preservar la Hacienda pública y defender la integridad del sistema energético nacional.
Finalmente, Ramírez Cuéllar sostuvo que el combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado, porque ahí se cruzan la seguridad nacional, la justicia fiscal y el bienestar de la población.
“Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo; si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar”, concluyó.