La vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel «N», marca un hito en la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
La decisión judicial, fundamentada en elementos probatorios presentados por la Fiscalía, retoma una línea de investigación iniciada en 2015 que busca esclarecer las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades estatales durante los hechos ocurridos en Iguala.
«El tema de estar en el radar desde siempre las autoridades y haber solicitado que él diera explicaciones frente a lo que sucedió con los muchachos, es un paso muy bueno», dijo en entrevista para El Heraldo Radio.
La información del exgobernador puede ser central en el caso
El proceso legal contra el exmandatario estatal se centra en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. Según Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la posición de garante que ostentaba el exgobernador le otorgaba la obligación de conocer y actuar ante la información que fluía en tiempo real sobre las actividades de las corporaciones policiales, las cuales estaban cooptadas por grupos delictivos.
«Se supo que los videos habían sido grabados por las cámaras, se supo que estaban funcionando las cámaras, que quedó todo el registro en el 2015.»
La exintegrante del GIEI subrayó que el encubrimiento de material visual, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia y otros puntos estratégicos, ha sido una constante que ha obstaculizado la verdad durante 12 años.
«En este caso en particular, se había solicitado la versión de Ángel «N» dentro de la investigación. Ellos tenían toda la información del municipio y del estado sobre las actividades que realizaba su policía que estaba cooptada por el crimen organizado.»
Los cambios de declaración por el caso Ayotzinapa obstaculizaron el caso
Buitrago señaló que la magistrada del Tribunal Administrativo, quien recientemente ha modificado su testimonio, ocultó información fundamental sobre la existencia y destrucción de estos videos, los cuales habrían sido clave para determinar el paradero de los estudiantes.
«Es triste que una funcionaria de justicia 12 años después venga a decir que todos esos videos existieron, que todo era cierto, pero que decidieron destruirlos.»
Sobre la defensa del exgobernador, que ha presentado diversos datos de prueba para intentar desvirtuar las acusaciones, Buitrago enfatizó que el proceso apenas comienza su etapa de desarrollo. La Fiscalía mantiene la carga de demostrar la responsabilidad del exgobernador, mientras que el proceso judicial deberá esclarecer si las versiones presentadas por los testigos de cargo, incluyendo a exfuncionarias del Tribunal Administrativo, se confirman ante las pruebas de descargo.