Regular el uso del celular en las escuelas requiere más que prohibirlo: implica establecer reglas, excepciones, protocolos de emergencia y alternativas para que niñas, niños y adolescentes aprendan a relacionarse responsablemente con la tecnología, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana.
Durante un conversatorio, expertos en psicología, educación y derecho señalaron que los dispositivos pueden afectar la atención y la concentración durante las clases, pero también tienen potencial como herramientas pedagógicas.
Por ello, plantearon que las restricciones deben definir con claridad cuándo los teléfonos deben permanecer apagados o guardados y contemplar excepciones por motivos educativos, médicos, de discapacidad, accesibilidad, seguridad o emergencia.
Cimenna Chao, doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo, destacó que la experiencia internacional muestra que estas medidas pueden generar beneficios: “Una de las evidencias más interesantes de países donde estas regulaciones ya han sido implementadas es el caso de Australia, donde encontramos que, al menos en horario escolar, reportan menos situaciones de ciberbullying o ciberacoso a través de redes”.
Los especialistas también propusieron crear protocolos institucionales para que las familias puedan comunicarse con los estudiantes ante una emergencia sin depender directamente del celular, así como establecer consecuencias educativas y proporcionales cuando se incumplan las reglas, evitando sanciones que terminen afectando el aprendizaje.
Desde la perspectiva de derechos, señalaron que las restricciones deben ser proporcionales y tener una finalidad clara, sin limitar de manera innecesaria el acceso a la información.
La discusión, coincidieron, no debe reducirse a celulares dentro o fuera del aula, sino a cómo construir una política educativa que prepare a los estudiantes para convivir con tecnologías que seguirán presentes en su vida.