México se ha consolidado como el principal receptor de personas extranjeras deportadas por el gobierno de Estados Unidos, acumulando 20,000 de los 25,000 casos registrados bajo acuerdos que carecen de transparencia pública. Esta situación ha sido señalada por el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, quien advierte sobre la falta de procesos legales claros para quienes son trasladados a territorio mexicano.
El fenómeno de las deportaciones a terceros países, impulsado por la administración estadounidense, ha generado una serie de disputas en tribunales donde se cuestiona la legalidad de los procedimientos. Según el especialista, estas acciones representan una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su origen, al omitir el debido proceso.
«En conjunto, es una masiva violación de derechos de las personas que con independencia de dónde hayan nacido, tienen la protección del derecho de Estados Unidos mismo, del derecho internacional y mínimo también de sus países», dijo en entrevista para El Heraldo Radio.
México recibe a la mayor parte de migrantes desde EU
El mecanismo de deportación incluye acuerdos con diversas naciones, algunos de los cuales fueron establecidos durante el primer periodo de gobierno de Donald Trump con países de Centroamérica, además de presiones ejercidas sobre otras naciones y convenios con países africanos de economías débiles. Sin embargo, México destaca como el punto central de esta estrategia, recibiendo a la gran mayoría de los afectados.
La falta de transparencia sobre estos acuerdos es una preocupación central, ya que incluso autoridades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, han argumentado en procesos judiciales la existencia de convenios vigentes con México para justificar la recepción de personas. Esta opacidad impide conocer quiénes firmaron dichos compromisos y bajo qué términos legales operan.
«Ahora, ¿dónde está ese acuerdo, de qué se trata, quién lo firmó, cuándo lo firmó o a qué alude? Pues es una buena pregunta que nos tenemos que hacer», dijo.
¿Qué pasa con los migrantes enviados a México?
Una vez en territorio nacional, las personas enfrentan una cadena de traslados que las lleva desde la frontera norte hacia el sur del país, específicamente a ciudades como Villahermosa, Tuxtla o Tapachula. En este trayecto, los migrantes carecen de protección institucional, asistencia humanitaria básica o mecanismos de inclusión formal. La ausencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como COMAR, en el escenario público agrava la situación de vulnerabilidad de quienes son devueltos.
«México no les da protección. Yo creo que lo mínimo es haberles ofrecido la tarjeta de visitante por razones humanitarias, porque se supone que México lo hace por razones humanitarias, bueno, darles un mecanismo de protección básico.»
Además de los extranjeros, el flujo de ciudadanos mexicanos retornados es significativamente mayor, con una cifra estimada de 270,000 personas. En total, el número de deportaciones globales asciende a aproximadamente 650,000, lo que coloca a México en una paradoja al ser, simultáneamente, el país con más ciudadanos retornados y el principal receptor de extranjeros deportados por terceros.