Ante las dudas y críticas que ha generado el nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el partido Morena y el Gobierno de la Ciudad de México salieron a aclarar que el proyecto no modificará por sí mismo los usos de suelo en la capital, tampoco creará nuevos impuestos ni permitirá intervenir propiedades privadas.
Desde el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, explicó que el documento funciona como un instrumento de política pública de carácter orientador y propositivo, por lo que no puede colocarse por encima de las atribuciones de las autoridades locales ni de los instrumentos de planeación establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
«Este gobierno ni antes ni después va a atentar contra el derecho a la propiedad privada de nadie», aseguró.
Las aclaraciones se dieron luego de los cuestionamientos surgidos sobre apartados relacionados con suelo urbano, densificación y predios baldíos, ante lo cual el funcionario sostuvo que cualquier determinación específica tendrá que sujetarse al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Por ello, Enrique Irazoque Palazuelos insistió en que el programa metropolitano tampoco otorgará permisos de construcción ni determinará cuánto deberá pagar una persona de predial, pues dichas decisiones continuarán bajo las normas y facultades de cada entidad.
El proyecto busca actualizar el programa vigente desde 1998, cuando la configuración de la metrópoli era distinta, pues actualmente comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho del estado de Hidalgo y uno del estado de Morelos, territorio donde habitan casi 23 millones de personas.
Además, la zona concentra alrededor del 17 por ciento de la población nacional, genera el 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y registra diariamente más de 35 millones de traslados, de los cuales más de 15 millones se realizan mediante transporte público.
Entre los problemas que se pretende atender de manera coordinada se encuentran el agua, movilidad, contaminación, crecimiento urbano, vivienda, infraestructura, manejo de residuos y prevención de riesgos, al considerar que sus efectos atraviesan las fronteras administrativas de los gobiernos involucrados.
La consulta pública permanecerá abierta del 24 de septiembre al 22 de noviembre y contempla encuentros presenciales, mecanismos digitales y buzones para recibir comentarios, críticas y propuestas de habitantes de las cuatro entidades, aportaciones que deberán ser analizadas antes de definir la versión final del documento.
«Es nuestra obligación como autoridad garantizar que todas las voces sean escuchadas desde todos los sectores y todos los territorios», señaló Enrique Irazoque Palazuelos.
Por su parte, Xóchitl Bravo, coordinadora del partido Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que la bancada presentará la próxima semana un punto de acuerdo para convocar al resto de las fuerzas políticas a participar en la consulta y planteó que los módulos de atención de los legisladores puedan funcionar como puntos para recibir propuestas ciudadanas.
«No implica nuevos impuestos, es mentira, tampoco fijamos tarifas», afirmó.
A su vez, Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, explicó que los congresos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos ya mantienen conversaciones para avanzar en la armonización de leyes en materias relacionadas con problemas compartidos.
Como ejemplo mencionó la tala ilegal en zonas forestales que atraviesan distintas entidades, pues actualmente una misma conducta puede tener penalidades diferentes dependiendo del territorio donde ocurra, situación que podría revisarse mediante acuerdos entre los congresos locales.
Finalmente, Enrique Irazoque Palazuelos precisó que el propio programa plantea la posibilidad de avanzar hacia una armonización legislativa, aunque corresponderá a cada Poder Legislativo determinar los cambios dentro de sus facultades.