La Ciudad de México destina ocho millones de pesos para apoyar económicamente a personas privadas de la libertad que participen en actividades productivas y programas de capacitación dentro de centros penitenciarios, como parte de una estrategia enfocada en la reinserción social.
El programa contempla beneficiar a 794 personas internas, quienes recibirán apoyos económicos a cambio de su participación en labores como panadería, costura, lavandería, serigrafía, limpieza, mantenimiento, así como labores educativas, culturales y deportivas. Estas acciones buscan no sólo generar ingresos, sino fortalecer habilidades laborales que faciliten su integración a la sociedad.
Dicho esquema establece que los apoyos económicos se entregarán de manera mensual, tomando como base el salario mínimo vigente en la CDMX y el número de horas trabajadas.
Además de la compensación, el programa busca incidir en factores estructurales vinculados a la reincidencia delictiva, como la falta de experiencia laboral, la ausencia de redes de apoyo y la dificultad para generar ingresos al salir de prisión. En ese sentido, la capacitación y el trabajo dentro de los centros penitenciarios son considerados ejes clave para reducir estas brechas.
Las actividades se desarrollarán en reclusorios preventivos, centros de ejecución de sanciones, centros de reinserción social y la institución abierta conocida como “Casa de Medio Camino”, con una distribución diferenciada de participantes y recursos según las necesidades de cada centro.
Asimismo, se contemplan mecanismos de supervisión, control de asistencia y validación de actividades, así como criterios específicos de selección para las personas beneficiarias, que incluyen conducta favorable, participación previa en capacitación y autorización por parte de comités técnicos internos.
De igual forma, se establecen causales de baja del apoyo económico, entre ellas el incumplimiento de actividades, conductas que pongan en riesgo la seguridad, inasistencias reiteradas o cambios en la situación jurídica de la persona privada de la libertad.
La estrategia tiene una duración anual, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y forma parte de las acciones institucionales orientadas a garantizar condiciones mínimas de acceso al trabajo y capacitación dentro del sistema penitenciario de la capital.
Más allá del apoyo económico, el programa se plantea como un instrumento de política pública que busca reducir desigualdades al interior de los centros, promover la disciplina laboral y generar condiciones reales de reinserción, en un sistema donde las oportunidades siguen siendo limitadas para una parte importante de la población privada de la libertad.
MAAZ