La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una iniciativa que busca unificar criterios en todo el país, endurecer las penas y cerrar espacios de impunidad en la investigación de este delito.
Dicha propuesta establece un tipo penal homologado a nivel nacional para que el feminicidio se considere como todo acto en el que una persona prive de la vida a una mujer por razones de género, considerando al menos nueve contextos, entre ellos violencia sexual, antecedentes de agresiones, estereotipos o relaciones de poder.
En materia de sanciones, se contemplan penas de 40 a 70 años de prisión, además de multas de hasta dos mil UMAS. Además, el proyecto incluye 21 agravantes que pueden incrementar la condena hasta en una mitad, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad o que el delito sea cometido por una persona servidora pública.
A diferencia de otros delitos, la iniciativa elimina beneficios para los responsables. No habrá amnistías, conmutación de penas ni libertad condicionada. También se plantea que el delito, su sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles, además de prohibir cualquier atenuante o excusa absolutoria.
Quien cometa feminicidio perderá derechos como la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, así como derechos sucesorios. En caso de ser funcionario, será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Otro eje central del proyecto está en la investigación. Se propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, protocolos especializados y análisis de antecedentes de violencia, incluso si no existen denuncias previas.
Además, el Ministerio Público deberá iniciar las indagatorias de oficio y de manera inmediata, mientras que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales tendrán la obligación de contar con unidades especializadas permanentes.
En cuanto a las víctimas, la ley reconoce el derecho a la verdad, acceso a la justicia, atención médica y psicológica urgente, así como asesoría jurídica gratuita. También contempla seguridad social para hijas e hijos en situación de orfandad por feminicidio y la entrega digna del cuerpo.
La reparación del daño deberá ser integral, efectiva y proporcional, mientras que autoridades, medios y plataformas digitales estarán obligados a respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.
En el plano preventivo, la iniciativa prevé la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, así como la implementación de campañas, actualización de protocolos y fortalecimiento de mecanismos como refugios, centros de justicia y líneas de atención para mujeres.
Al participar en la presentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe, la funcionaria dijo que el proyecto contempla una estructura de 52 artículos distribuidos en ocho títulos que abarcan desde disposiciones generales hasta políticas de prevención, con el objetivo de articular la actuación de autoridades federales y locales frente a la violencia feminicida.
La iniciativa se presenta en un escenario donde las cifras reflejan la persistencia del problema. En 2024 se registraron 852 víctimas de feminicidio en el país, mientras que 22.3 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja y siete de cada diez se sienten inseguras al caminar solas de noche.
Estos datos evidencian que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino parte de un entorno de desigualdad más amplio, lo que refuerza la apuesta por un marco legal que no solo endurezca sanciones, sino que obligue a investigar con mayor rigor y a garantizar atención integral a las víctimas.
CS